Archivo de noviembre 2011
Comunicado a los medios de comunicación y a la ciudadanía de Jerez
Jerez, 29 de Noviembre de 2011
“LA ASAMBLEA DEL 15M EN JEREZ SE DESVINCULA DE LAS PERSONAS ACAMPADAS EN LA PLAZA DEL ARENAL”
El pasado Viernes, 25 de Noviembre, la Asamblea del 15M de Jerez, acordó por unanimidad hacer público lo que desde hace semanas era un sentir mayoritario dentro del Movimiento 15M en Jerez, esto es, manifestar públicamente que las personas, que desde el mes de octubre permanecen en tiendas de campaña en la Plaza del Arenal, no representan, ni han estado vinculadas a la Asamblea del 15M en nuestra ciudad.
El Movimiento 15M en Jerez comenzó, como en muchas otras ciudades de nuestro país, en los meses previos al 15 de Mayo. Un grupo de personas convocó, curiosamente, para el 14 de Mayo, un flashmob en el Templete de la Feria de Jerez, donde varios cientos de jerezanos y jerezanas con camisetas blancas, con el lema “NO SOMOS MERCANCIA EN MANOS DE POLITICOS Y BANQUEROS”, secundaron la movilización convocada en toda España.
Desde entonces Jerez ha sido un fiel reflejo de lo que ha ocurrido en nuestro país durante estos meses. El silencio en la noche de reflexión de las elecciones municipales, con cientos de personas en la Plaza del Arenal, la llamada de atención a los políticos en la constitución del Ayuntamiento, culminaron en la multitudinaria manifestación del 19 de Junio, contra el Pacto del Euro.
En ese periodo una Acampada Cívica permaneció en la Plaza del Arenal, así como en otras plazas de nuestra geografía, bajo el lema Toma La Plaza. Tras la auto-organización de este movimiento en la Plaza del Arenal, en diferentes comisiones y grupos de trabajo, la acampada decidió levantase y evolucionó hacia la extensión del movimiento en algunos barrios, como en La Granja Toma Las Plazas. La consolidación de este proceso de trabajo y movilización, que tras seis meses no ha parado de instalarse en las conciencias de los ciudadanos y ciudadanas, ha dado lugar a una estructura estable, que alrededor de la Asamblea del 15M, desarrollada todos los viernes, ha desplegado su trabajo en distintas comisiones (Barrios, Dinamización, Salud y Medio Ambiente, Educación, Jurídica, Stop desahucios, Comunicación y Difusión, Acción, etc)
Concentraciones de repulsa por las intervenciones policiales en Sol, Plaza de Catalunya y en el CIE de Málaga, la participación de jerezanos y jerezanas en las Marchas Indignadas hasta Sol, y en el Toma la Playa, contra la especulación en la playa de Trafalgar, fueron otras de las acciones desarrolladas en pleno mes de agosto, así como la participación en la Asamblea Estatal de Málaga de Democracia Real Ya.
Durante los meses de agosto y septiembre, también se desarrollaron acciones de formación en la Plaza del Arenal, con la asistencia de hasta 150 personas, según los días. La Reforma Constitucional, La defensa de la Sanidad Pública, el Agua como derecho ciudadano, el Trabajo colectivo y en Red, etc. En paralelo se desarrollaron las manifestaciones y concentraciones contra la Reforma Constitucional (28 de Agosto y 4 de septiembre), en Defensa de los Servicios Públicos (18 de septiembre) y la campaña Stop Desahucios, que en Jerez ha sido notica en toda España por la brutalidad policial con la que se actuó en el intento pacífico de protesta contra el desahucio de una familia jerezana en Caulina.
El trabajo colectivo de los integrantes del 15M en Jerez culminó una fase el 15 de octubre, donde personas de todo el mundo tomaron las calles y las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa. La gente se levantó para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia y un cambio global. Fue la manifestación más multitudinaria desarrollada en nuestra ciudad desde hace muchos años. Durante el mes de Octubre y Noviembre, siguieron las manifestaciones de colectivos de estudiantes, tanto en la universidad como en los institutos, así como asambleas en la zona sur, entre otras acciones.
Mientras todo este trabajo se desarrollaba, un grupo de personas acampó de nuevo en la Plaza del Arenal, al margen de la Asamblea del 15M en Jerez y del trabajo colectivo desarrollado en el seno de las Comisiones y Grupos de Trabajo. Desde entonces los intentos de diálogo para que esa iniciativa, que surge al margen de la Asamblea, no usurpara el espacio y los mensajes del 15M han sido infructuosos.
El afán de protagonismo de algunos acampados que se trataban de erigir en “portavoces” del movimiento al margen de la Asamblea, su constante entorpecimiento de los procesos de trabajo colectivo y la constatación de que se estaba usando el nombre del 15M y su espacio simbólico, la Plaza del Arenal, para fines ajenos al movimiento, hizo que se convocara una asamblea extraordinaria el pasado 15 de Noviembre a fin de establecer una postura consensuada para dar salida a esta situación.
Los acampados que asistieron a la misma se comprometieron a retirar los mensajes y emblemas del 15M hasta tanto no aportaran un proyecto de trabajo, que presentar a la Asamblea, con el objeto de tratar de establecer una vinculación a la misma y al trabajo colectivo y coordinado. La Asamblea por su parte acordó posponer el comunicado público que tenía previsto realizar, hasta tanto se presentara dicho proyecto.
Sin embargo, en los días posteriores, las personas acampadas hicieron públicas en medios de comunicación locales sus verdaderas intenciones y comunicaron a la Asamblea, el pasado 25 de Noviembre, su decisión de trabajar al margen de la Asamblea del 15M, incumpliendo sus compromisos y los acuerdos tomados en dicha asamblea.
La Asamblea del 15M de Jerez, en la asamblea celebrada el 25 de Noviembre, acordó que la Comisión de Comunicación elaborara e hiciera público este comunicado para hacer llegar a toda la ciudadanía la desvinculación total de este grupo de acampados y de cualquiera de sus actividades.
El Movimiento 15M en Jerez está fuerte, está organizado, está vinculado a distintas entidades y plataformas (ATTAC, Democracia Real Ya, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Spanishrevolutión, Asamblea de otras ciudades, …) y desarrolla su trabajo de manera coordinada con el movimiento 15M a nivel nacional y a nivel internacional.
Seguiremos tomando las calles y plazas, acamparemos cuando sea necesario en la Plaza del Arenal, en la Universidad, frente a los Servicios Públicos que quieren recortar, frente a los bancos o donde sea, pero de manera coordinada, de manera cívica, conectando con la ciudadanía y seguiremos gritando a los cuatro vientos que “NO SOMOS MERCANCIA EN MANOS DE POLITICOS Y BANQUEROS”
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
ASAMBLEA 15 M – JEREZ
grupocomunicacionjerez@googlegroups.com
Moción entregada en el Ayuntamiento de Jerez
MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS.
Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.
Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente
Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal,
El Pleno Municipal de Jerez adopta los siguientes acuerdos:
Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, como el 15M en Jerez, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en
EEUU.
Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas utilizando para ello preferentemente las viviendas sociales, propiedad del Ayuntamiento de Jerez y de la Junta de Andalucía, que se encuentran en nuestra ciudad.
Cuarto.- Condonar el Impuesto de Bienes Inmuebles en aquellos casos donde los ingresos no superen el salario mínimo interprofesional (641,40 euros al mes), haciendo especial hincapié en personas mayores, jubiladas y pensionistas.
Quinto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.